Reto Constitucional en el pre Bicentenario en Perú

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Manifestación en las calles de Lima (Perú) por Vacancia del Presidente Vizcarra/Minuto.es

La reciente vacancia del presidente Martín Vizcarra a manos de una coalición de partidos cuestionados por vínculos con la corrupción en el Congreso, ha despertado una airada protesta del pueblo peruano, que ha salido masivamente en todo el país a repudiar lo que se evidencia como un golpe parlamentario.

Se trata de algo mucho más profundo que una simple defensa del defenestrado Vizcarra. Los peruanos están expresando su hartazgo con una representación política que ha perdido legitimidad y que está de espaldas a sus demandas y necesidades más básicas, que priorizan la angurria por el poder y la defensa de sus mezquinos intereses antes que la atención adecuada de la pandemia, el empleo, salud, seguridad y condiciones dignas de vida.

Tenemos que leer con mucha atención y cuidado lo que nuestro pueblo está expresando. Claramente hay un gran espíritu democrático que busca una renovación de la representación política, una moralización de la cosa pública, así como el respeto a la decisión y la soberanía popular.

En ese escenario, el tema de la nueva constitución es una consigna que ha empezado a generalizarse, bajo la premisa que es uno de los principales mecanismos para abrir un proceso de regeneración moral. El tema es que no queda claro aún el procedimiento para hacerlo, así como el contenido de la nueva constitución que estaría en debate.

El ejemplo chileno

El contundente respaldo del pueblo chileno a la convocatoria de una convención constituyente que elabore una nueva constitución hace unas semanas, no puede dejar de llamarnos la atención y ser un aliciente de que si es posible abrir ese debate en nuestro país.

Las derechas del vecino país del sur, y las de estos lares, se alarman y dicen que se trata de un grave retroceso de lo que había sido hasta hace poco su modelo de estabilidad económica y política. Pero resulta innegable que el golpe que representa este plebiscito ciudadano ha sido de alta magnitud,  siendo un paso clave para una nueva carta magna que desmonte el modelo pinochetista.

Hasta los propios opinólogos y analistas citados por la derecha reconocen que la carta constitucional chilena tiene como fuente la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, que ha consagrado un modelo de sociedad privatizada. En este esquema, las élites se han enriquecido y se han distanciado de las grandes mayorías, que han sido dejada a su suerte en la salvaje competencia del libre mercado.

Mientras algunos neoliberales peruanos creen que Chile va en camino de ser una “nueva Venezuela”, lo que no logran concebir es como el modelo que era la perla de sus ojos pudo llegar a una situación donde un pueblo movilizado por miles en todo el país logró hacer retroceder al gobierno de Piñera y convocar esta consulta que ha logrado un hito sin precedentes en la historia de ese país y de toda la región. No han querido ver que la desigualdad, precarización de la vida y elevados costos del nivel de vida habían estado gestando un hartazgo, una explosión social que finalmente se canalizó de las protestas masivas a una salida constituyente.

El modelo constitucional a la peruana

Si bien nuestro país tiene otras dimensiones y otra historia, la actual Constitución de 1993 que nos rige no deja de tener algunas similitudes con la chilena. Fue hecha, recordemos -luego del llamado autogolpe de estado- que sirvió al gobierno autoritario de Alberto Fujimori para controlar las instituciones del estado, aplicar un shock económico e instalar un modelo privatizador y de redes de corrupción que tienen efectos hasta nuestro días.

Asimismo redujo la capacidad del estado a una subsidiaria, solo para casos donde el sector privado no podía atender la demanda de determinados servicios. Es con la Constitución del 93 que se ponen los cimientos de todo el sistema de privatizaciones, de concesiones y mecanismos que hemos visto aplicados desde los años 90 en adelante, que han servido a grandes consorcios empresariales para hacerse con servicios públicos y obras de infraestructura con la que han ganado utilidades infladas y amarradas grandes casos de corrupción.

Es decir, el pretexto que usaron de que el estado era ineficiente y corrupto de por sí, y la promesa de que con la constitución privatista e individualista tendremos más progreso y estabilidad, no se ha cumplido. La Constitución del 93 lo que ha hecho es crear nuevas formas institucionalizadas de corrupción, haciendo que los privados se coludan con las elites en el gobierno para robar a sus anchas a costa del dinero de todos los peruanos.

El supuesto milagro peruano al desnudo

Con la llegada de la pandemia y la declaratoria del estado de emergencia en la quincena de marzo de este año, empezó a evidenciarse lo que muchos ya denunciaban desde hace años. Las restricciones, toque de queda y paralización de actividades puso en evidencia la inmensa precariedad laboral en que la trabajamos los peruanos, así como el calamitoso estado de la salud pública, la total incapacidad de regulación pública de los costos de las clínicas privadas, del oxigeno y medicamentos, entre otros que se han vuelto bienes de lujo en plena emergencia sanitaria.

A esto hay que sumarle la crisis política en la que nos has sumido la representación congresal, que manejada por partidos y personajes con investigaciones y vinculados a las mafias y de intereses privados, como las universidades empresa, han buscando la manera de deshacerse de Vizcarra para hacer de las suyas.

A pesar de lo que algunos piensen, sobre todo los opinólogos que salen a diario en la gran prensa comercial, una reciente encuesta nacional de la empresa Datum reveló que más del 56 por ciento de los encuestados estaba de acuerdo con cambiar la constitución, sobre todo porque se requiere una que nos ayude a enfrentar mejor la corrupción, para desmontar el modelo impuesto por Fujimori y para mejorar la economía. En esa misma encuesta más de un 70 por ciento de los encuestados consideraba que el estado debería tener un papel más activo en la economía, sobre todo en temas sensibles como salud, educación, regulación de precios de clínicas, de medicamentos, en el control de alimentos nocivos.

Ver Vídeo de la Gran Manifestación/T13

En medio de la protesta, no es casual que la consigna de nueva constitución empieza a tomar cuerpo como parte de la salida de la crisis. Siguiendo la experiencia chilena, y de otros de países cercanos como Bolivia y Ecuador, son diversos los académicos que hablan del momento destituyente y el momento constituyente. Estos dos momentos se refieren a la etapa de las luchas sociales y la lucha de clases en las que un sector mayoritario de la población decide que la crisis del modelo ha llegado a nivel tan insostenible que las élites y clases dominares deben abandonar el poder, y se debe iniciar el procesos de una asamblea o convención constituyente, que aborde un nuevo pacto social entre las fuerzas políticas y sociales.

La espontánea respuesta de nuestros compatriotas -como hemos dicho líneas arriba- nos revela un hartazgo con la representación política y con la corrupción. Las fuerzas que aspiramos a transformación estructurales en el país debemos leer con mucha atención esa emoción y esa voluntad, para ver cómo es canalizada de la manera más organizada posible. Esa protesta debe ir a la propuesta, con la creación de las condiciones del momento destituyente y un momento constituyente, donde podamos poner sobre los mesas los temas más álgidos de un nuevo pacto social, que vaya a tono a las aspiraciones de nuestro pueblo.

Se abre de esta manera la posibilidad de que la movilización se canalice hacia una consulta ciudadana respecto a la asamblea constituyente, y a su convocatoria por la vía de elecciones, donde tendrán que disputarse las visiones de país y los rasgos de la nueva carta constitucional que nos oriente en esta nueva etapa. El reto está planteado.

Por: Luis Gárate

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